lunes, 14 de septiembre de 2020

Fundamentos éticos y jurídicos de la política social

 

Miguel Castellanos Moreno

 

Ruptura de la raíz ética del Estado

Durante los años del desarrollismo se dio un proceso de estatización de la sociedad, esto es de intervención del brazo del Estado en las relaciones sociales, por lo que no se puede  hablar para esos años de una sociedad civil libre e independiente del Estado.

Sin embargo, mediante diversos mecanismos clientelares y corporativos el régimen político se aseguró un consenso pasivo (aceptación sin participación) en torno al régimen político, pero no resolvieron los problemas fundamentales del pueblo mexicano:

El desarrollismo fue una etapa de intensa acumulación de capital en manos de la burguesía local y extranjera, de un falso nacionalismo, y  de aumento de la deuda social con el pueblo; por esa razón no se puede  calificar a los gobiernos de esa época como favorables al pueblo y, menos como populistas, porque ese concepto alude impropiamente a las precarias medidas que beneficiaban al pueblo.

El desarrollismo inició desde principios de los años cuarenta, con la política de sustitución de importaciones y de promoción de la formación de capital; se reformó a mediados de los años cincuenta, mediante la política de estabilización, y ya estaba en crisis cuando ocurre la masacre de Tlatelolco. Luis Echeverría relanzó la política desarrollista bajo la idea del desarrollo compartido; durante el gobierno de José López Portillo se mantuvo el esquema desarrollista en medio de un prolongado proceso inflacionario. Como se puede apreciar, el régimen político no siempre fue el mismo, hubo épocas de un acentuado nacionalismo y otras en que el colaboracionismo con Estados Unidos se disfrazó con el ropaje del nacionalismo (colaboracionismo encubierto).

En cambio, los regímenes neoliberales se caracterizaron por el entreguismo y el colaboracionismo descarado  con el imperialismo, dando lugar a un anacrónico proceso de acumulación “originaria” de capital, que acrecentó la pobreza.

El reparto agrario fue abandonado y se asistió a un proceso de privatización de la tierra o de las actividades agropecuarias. Se entregó el petróleo y la generación de energía eléctrica al capital privado local y foráneo, y se endeudó descaradamente a las dos principales empresas públicas que no alcanzaron a rematar. Se privatizó el acceso a la salud. La seguridad social fue desmantelada y se privatizó la administración de los fondos de retiro de los trabajadores.

El derecho a la vivienda se ha utilizado como negocio de empresas privadas, quienes construyen en hacinamiento, sin espacio, ni comodidad.

La educación pública vivió una mala época, con presupuestos insuficientes, en manos de la burocracia política y sindical, en tanto que se alentó y protegió los negocios educativos privados.

Se revirtieron conquistas históricas de los trabajadores, modificando la Ley Federal del Trabajo para beneficiar a los patrones.

La derecha religiosa reapareció como protagonista político, demandando reconceptualizar el Estado  laico o su disolución.

La expresión libre de las ideas ganó espacios tras cruentas batallas, pero los monopolios mediáticos impusieron su ideología mercantilista, individualista y apátrida sin réplica, aprovechando la fuerza de la imagen.

México tuvo hasta antes de Ernesto Zedillo una respetable y respetada política exterior, nunca exenta de omisiones y desvíos que no anulaban su legitimidad; pero durante los gobiernos neoliberales asistimos a la asimilación de la política exterior estadounidense como propia; ocurrió lo mismo en temas de seguridad pública y seguridad nacional.

Se omitió el cumplimiento del deber Constitucional de fomentar el desarrollo nacional (Arts. 25 y 28), con la concurrencia de los sectores público y social (Art. 25) y en beneficio del pueblo (Art. 3°), para dar vida artificial a un sistema capitalista inviable e inhumano.

Desde CSG el régimen político en turno cedió esa obligación Constitucional al sector privado que no tiene más compromiso que la ganancia, sin compromiso con el país y sin patria.

La ideología política del desarrollismo nos legó una sociedad desequilibrada y un Estado omnipotente y autoritario.

La ideología del neoliberalismo, convertida en política de Estado, volvió letra muerta la igualdad ante la ley (igualdad formal), obstruyó la construcción de la democracia electoral y profundizó, aún más, la deuda social (desigualdad real).

 

La tarea es reconstruir la raíz ética del Estado

Hegel entendió que la raíz ética del Estado profundiza en la sociedad civil, hunde sus raíces en ella. Para Gramsci  la legitimidad del Estado emana del pueblo, por lo que su autoridad moral y política depende del consenso social.

De acuerdo a Michael J. Sandel en el libro PUBLIC PHILOSOPHY Essays on Moraliry in Politics: existe una estrecha relación entre autoridad democrática, moral y cultura cívica, pues: “la autoridad democrática depende de la moral y la cultura cívica, a fin de cuentas;” además: “la amplia aceptación de una ética-cívica global,” permite formar una comunidad moral, en donde el cambio económico y las comunicaciones se realicen, pues no se puede esperar que las instituciones políticas se sostengan sin “cultivar identidades cívicas más expansivas.”

Si la democracia depende de la moral y la cultura cívica (Sandel), que son propias de la sociedad civil; si la raíz ética del Estado hunde sus raíces en la sociedad civil (Hegel); si la legitimidad política emana del consenso social (Gramsci); tenemos que al ahondarse la deuda social, con la consiguiente secuela de incremento en el desempleo, la pobreza, la marginación y la desesperanza, se fracturó o rompió la relación del Estado con la sociedad. No nos puede extrañar la crisis que nos legaron.

Hoy en día ha cobrado importancia la proyección de la Administración Pública en la sociedad. Diversos planteamientos tanto de carácter Constitucional como legal, teórico y práctico, histórico y social, conducen en ese sentido. A eso aluden preceptos tales como planeación democrática del desarrollo nacional, democracia participativa, gobierno abierto, presupuesto participativo, ética pública y transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Todos hacen referencia a una relación históricamente controvertida, referente a la forma de vincularse del Estado con la sociedad, así como a la manera de responder y de actuar de aquél.

Es conveniente reflexionar sobre la creación y ampliación del espacio público y los cuerpos sociales y políticos convergentes en la sociedad mexicana, a través de su historia; sobre las formas de participación que han experimentado; el papel que pueden tener, o tienen, en aspectos como la planeación del desarrollo y los mecanismos de participación legal abiertos, y algunas experiencias significativas; así como discernir sobre la moralidad y la responsabilidad pública.

Si entendemos lo público como el espacio en donde se debaten los asuntos de interés para la sociedad, tenemos que la administración pública difícilmente se puede calificar objetivamente a sí misma y la propia autoevaluación puede resultar sesgada; por ello es importante conocer no solo las exigencias de ese ámbito externo al Estado en sentido estricto, sino también su estructura, organización  y sus maneras de funcionar.

Por esa razón es conveniente analizar cómo se organizan los cuerpos sociales de mayor incidencia social, tanto internos como externos, el papel de las formas culturales y los mecanismo de interacción implementados a través del tiempo y que se podrían aplicar en el futuro. No basta señalar la incidencia de la administración pública en la sociedad, ni que quiere para ella, es también necesario saber que quiere la sociedad de la administración pública. En ese sentido cabe afirmar que toda acción organizada de la sociedad en demanda de satisfacer sus necesidades legítimas tiene carácter público.

Un conjunto de planteamientos hacen referencia a la estrategia para realizar el precepto Constitucional que permita “el  constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;” entre otros: atender el problema del crecimiento económico relacionado con el bienestar social, incrementar la ocupación y el ingreso, incluyendo la ocupación de los jóvenes con formación universitaria; apoyar las actividades económicas del sector social, otorgando financiamiento oportuno y suficiente, además de establecer canales para la distribución de la producción de este sector; lo cual incide en el mejoramiento de la capacidad adquisitiva y la estabilidad monetaria; aplicar de manera eficiente los recursos públicos en los programas sociales (educación, salud, alimentación, infraestructura social, generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso); avanzar en el acceso a la seguridad social y  la seguridad pública, y consolidar los procedimientos de transmisión del poder, eliminando el cuestionamiento sobre la legitimidad de esos procesos.  

Ante esto cabe preguntar: ¿es apropiado el diseño institucional existente? ¿Cómo enfrentar el desarrollo humano y social? ¿Son suficientes las propuestas que se esgrimen desde el poder público?

Tradicionalmente nuestros programas académicos han sido consumidores de productos teóricos y aplicaciones externas, lo que ha dado lugar a la dependencia intelectual de dichos productos, implementados aquí como lo que se debe hacer. Bartra ha dicho, con claridad: “Si queremos liberarnos del eurocentrismo intelectual, lo primero es enterarse de lo que se ha pensado por acá. No inventemos el hilo negro cada dos por tres, escuchemos a El Nigromante que hace ya más de un siglo y medio decía cosas que hoy parecen novedosas. Prestemos atención a nuestros adelantados.”

El pueblo mexicano tiene derecho a ser protagonista del mejoramiento de sí mismo, este derecho está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversas leyes. Se trata de derechos sociales por los que ha bregado a lo largo de su historia. En la legislación se reconoce su derecho a participar en la formulación, instrumentación, ejecución, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y obliga a los tres niveles de gobierno a propiciar las condiciones que le permitan disfrutar de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes.

 

CUESTIONARIO

1.   ¿Qué entiende por estatización de la sociedad?

2.   ¿Qué podemos entender por consenso pasivo?

3.   ¿A qué se ha denominado el desarrollismo?

4.   ¿Cuáles fueron las medidas que se adoptaron durante la época del desarrollismo?

5.   Describa la política neoliberal.

6.   ¿Cuáles fueron las consecuencias de las políticas seguidas durante el desarrollismo y el neoliberalismo?

7.   ¿Cómo entienden Hegel, Gramsci y Sandel, la relación entre Estado y sociedad?

8.   ¿Cómo entender: lo público?

9.   Describa las ideas que fundamentan la reconstrucción de las relaciones entre el  Estado y la sociedad.

 

 

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